AHORA BIEN HABLEMOS UN POCO DE EL ORIGEN DE LA LEY HABILITANTE….
"De la simple lectura del elenco de normas y actividades antes reseñadas, se observa que prácticamente la Ley Habilitante 2010 le confiere al Presidente de la República un grandísimo porcentaje mayoritario de las facultades legislativas y de control que la Constitución le otorga al Poder legislativo o Asamblea Nacional y todo eso se ha logrado con el argumento o pretexto de dictar y ejecutar normas y procedimientos tendentes a atacar y resolver los problemas derivados de la emergencia por la lluvias. Pero si se hace una comparación entre la delegación para paliar o resolver los problemas de la emergencia y las otras delegaciones en materia variada y global que nada tiene que ver con dicha emergencia,"
procediendo por mis propios derechos, entre ellos el que me otorga la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en sus artículos 26 y 51, y apoyado en el interés legítimo que me confiere mi condición de ciudadana venezolana y mi profesión de abogado, condiciones estas que me imponen el derecho y la obligación de la defensa específica de las instituciones jurídicas sobre las que constitucionalmente descansa la organización de nuestro Estado democrático y social de Derecho y de Justicia venezolano y de manera específica en ejercicio de la potestad y obligación que me confieren los artículos 333 y 7 de la Constitución venezolana vigente, la cual impone a todos los ciudadanos la obligación cívica de cumplir íntegramente con las normas y postulados de dicha Constitución, así como el deber de colaborar con el restablecimiento de su efectiva vigencia cuando cualquier persona, natural o jurídica, pública o privada, pretendiere derogarla, total o parcialmente, o dejare de cumplirla o de cualquier forma actuare en violación de sus términos y principios, y actuando con base al interés y legitimidad que tengo como Abogada para este tipo de acción y que están amplia y repetidamente reconocidos por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en numerosas sentencias, entre las cuales señalo, solo a título de ejemplo, la No. 2.210, de fecha 29 de Noviembre de 2007, como depositarios directos de la jurisdicción constitucional que les atribuyen los Artículo 334 (parte final) y 336 (cardinal 1), de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 266, cardinal 1, ejusdem, y el artículo 25, cardinal 1, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia,
Sin perjuicio de las otras causales de nulidad alegadas de diversos escritos que he leído, además señalo que el proyecto de la Ley Habilitante 2010, es nula por inconstitucional, no fue sometida en ningún momento a la consulta pública antes de su promulgación definitiva. No consta en forma alguna que hubiese sido sometido a la consulta popular ni a la opinión de la sociedad organizada, ni a la de los otros órganos del Estado, ni a la de los Estados como entes territoriales integrantes del Poder Estadal por intermedio de sus Consejos Legislativos, ni a la Municipalidades que también se verían afectadas por el ejercicio de algunas de las facultades contenidas en dicha Ley, omisiones estas que constituyen una violación flagrante de los artículos 62, 70, 206 y 211, de la Constitución, en concordancia con los artículos 6 y 19 ejusdem.Que desarrollan las pautas procedimiento y mecanismo de participación ciudadana y procedimiento para legislar del presidente de la república, no es así nada más porque lo dice el 236 en su numeral 8º Noooo!!!!

La prueba del incumplimiento por parte de la Asamblea Nacional del mandato constitucional contenido en los artículos de la Constitución antes señalados, se evidencia como un hecho público, notorio y comunicacional y así lo hago valer con base a lo dispuesto por el citado artículo 506 del Código de Procedimiento Civil y con apoyo de lo decidido reiteradamente por esa Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en numerosas sentencias, entre ellas la No 98, de fecha 15 de Marzo de 2000 y la dictada por la Sala de Casación Civil, No. RC 00675, de fecha 07 de Noviembre de 2003.- En efecto, durante los tres (3) escasos días transcurridos entre el 14 de Diciembre de 2010, fecha de presentación del proyecto de Ley Habilitante por la Presidencia de la República a la Asamblea Nacional, y el 17 de Diciembre de 2010, fecha en la que aparece publicada dicha Ley, en ningún medio de comunicación social escrito ni radio difundido, se ha señalado que se hubiesen practicado las consultas y notificaciones exigidas por la Constitución Nacional como previas y necesarias para poder ser aprobada la referida Ley Habilitante. Dicha conducta omisiva constituye una flagrante violación del derecho a la participación ciudadana establecido como derecho constitucional con rango y categoría de derecho humano (véase artículo 19 de la Constitución) y es una clara y contundente razón más que suficiente para que dicha Ley Habilitante 2010 sea tenida como nula en forma absoluta, según lo establece el artículo 25 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y así se debe solicitar ante la honorable Sala Constitucional y sea declarado. Razones de derecho de carácter genérico. Los artículos 7 y 137, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (denominada en lo adelante, indistintamente como ha quedado escrito o Constitución Venezolana o Constitución Nacional, o Constitución de la República, o Constitución vigente, o simplemente nuestra Constitución) establecen concurrentemente que las personas y Órganos del Poder Público en Venezuela están sujetos, ineludiblemente, al cumplimiento de la Constitución y las leyes de la República. Es el denominado “principio de la legalidad de los actos del Poder Público” que rige en Venezuela y significa que los órganos de dicho Poder, es decir las Autoridades, deben ceñir todos sus actos a lo que expresamente la Constitución y demás leyes de la República expresamente le indiquen, señalen, faculten y ordenen. Forma parte también de ese principio de legalidad de los actos del Poder Público, el que dichos entes, Autoridades y Funcionarios Públicos no pueden, como sí ocurre en el caso de los particulares, realizar ninguna actividad que no esté expresamente permitida por la ley (contrariamente en el caso de los particulares, éstos pueden hacer todo aquello que no esté expresamente prohibido por la Ley).
El artículo 25 de la Constitución venezolana establece, de manera categórica, que todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscaba los derechos garantizados por la Constitución y la ley ES NULO. Por otra parte, más adelante, el artículo 138 de dicha Constitución expresa textualmente que “Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos”, y el artículo 139 ejusdem sentencia que “El ejercicio del Poder Público acarrea responsabilidad individual, por abuso o desviación de poder o por violación de esta Constitución o de la Ley”, lo que más sencillamente significa que el abuso y la desviación de poder están prohibidos y son sancionables en caso de incurrirse en ellos.

Ahora bien, es indiscutible en derecho que cuando la Asamblea Nacional delega en el Presidente de la República la facultad legislativa, le transfiere también las obligaciones y las cargas inherentes a esa facultad delegada, entre ellas la de garantizar el ejercicio del varias veces citado derecho constitucional y derecho humano de la participación ciudadana y de los órganos del Estado a que se refieren el Preámbulo y los artículos 6, 62, 70, 206 y 211 constitucionales, entre otros. Dicho en palabras sencillas, si la Asamblea le otorga al Presidente la facultad o función legislativa, unido a ello le transfiere también, con las naturales limitaciones por las diferencias del órgano, las cargas y obligaciones que son inherentes a esa actividad legislativa, establecidas en la misma Constitución. No podría ser de otra manera, pues la Asamblea no tiene facultad para “exonerar” o “liberar al Presidente de la República de dar cumplimiento a esa carga constitucional consistente en la consulta y la participación ciudadana y la de los Órganos y Entes públicos en forma previa para la formación de la leyes, contemplada en los artículos 6, 62, 70, 206 y 211 Constitucionales, entre otros. Si el Constituyente hubiese querido otorgar esa “exoneración” o “liberación”, lo hubiese dicho expresamente en su texto. De la simple lectura del elenco de normas y actividades antes reseñadas, se observa que prácticamente la Ley Habilitante 2010 le confiere al Presidente de la República un grandísimo porcentaje mayoritario de las facultades legislativas y de control que la Constitución le otorga al Poder legislativo o Asamblea Nacional y todo eso se ha logrado con el argumento o pretexto de dictar y ejecutar normas y procedimientos tendentes a atacar y resolver los problemas derivados de la emergencia por la lluvias. Pero si se hace una comparación entre la delegación para paliar o resolver los problemas de la emergencia y las otras delegaciones en materia variada y global que nada tiene que ver con dicha emergencia, entonces sacamos como conclusión que estamos en presencia de una desviación de poder, pues la delegación legislativa que se ha solicitado, supuestamente en forma principal para resolver los problemas derivados de dicha emergencia, ha sido utilizada para obtener autorización legislativa para otras numerosísimas materias de orden legislativo y constitucional que merman sustancialmente la potestad legislativa del Parlamento. Por tal razón, la Ley Habilitante 2010 es totalmente nula por inconstitucional, a tenor de lo dispuesto por el artículo 139 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, caso de abuso y desviación de poder.-
Es también un hecho público, notorio y comunicacional, que apareció publicado profusamente en la prensa escrita y reseñada en los noticieros, de los días 18 de Diciembre de 2010 y algunos días subsiguientes, que una vez aprobada la Ley Habilitante 2010, el Presidente de la República y algunos personeros de la Asamblea habrían declarado que con la aprobación de la Ley Habilitante, ahora los Diputados de la Oposición no podrían hacer leyes. En efecto, en la reseña periodística aparecida en el Diario “El Nacional”, de fecha 18 de Diciembre de 2010, página 1-2, extremo inferior derecho, titulada “Chávez advierte a la oposición que estará anulada en la AN” se lee: “…Durante la clase inaugural del Instituto Superior de Estudios Políticos del PSUV, Chávez se jactó de que los diputados electos de oposición, al menos en año y medio, no podrán frenar la promulgación de leyes de fortalecimiento de su proyecto político. “No podrán hacer ni una ley, pitiyanquis. Vamos a ver cómo van a hacer leyes ahora”. En igual sentido, en el Diario “El Nuevo País”, en página 21 de la edición correspondiente al día 19 de Diciembre de 2010, en la reseña periodística elaborada por Xiomara Borges, titulada “Frases célebres sobre aprobación de la Habilitante”, se lee: “… Con la frase que simula la sagacidad de la iguana “cayendo y corriendo”, el Jefe de estado, Hugo Chávez, recibió de manos de la presidenta de la Asamblea Nacional (AN), la sancionada Ley Habilitante.- Después de agradecer a los “diputados revolucionarios” el haber aprobado su solicitud en tiempo record, contrapuso a las llamadas “leyes cubanas”, las leyes “anti pitiyanquis”. “No podrán hacer ni una Ley, pitiyanquis … vamos a ver cómo van a hacer leyes ahora” (refiriéndose al bloque de parlamentarios de la oposición que tomarían posesión el siguiente 5 de enero de 2011. Pocas horas antes, la Presidenta del parlamento, Sra. Cilia Flores, dijo: “con 18 meses pudiera, las personas afectadas, tener la confianza de que el Presidente tendrá las herramientas en sus manos y el apoyo nuestro para continuar dando esa respuesta de solución…” También en el Diario “El Nuevo País” de fecha 30 de Diciembre de 2010, página 21, en reportaje titulado “Varela: diputados de la MUD “no podrán hacer nada”, se lee: “La diputada (PSUV) Iris Varela reiteró este martes que los 65 diputados electos no afectos al proceso revolucionario “no podrán hacer absolutamente nada en la nueva Asamblea Nacional”… Varela, vicepresidenta de la Comisión de Política Interior, declara que todas las leyes orgánicas que se necesiten en el país las puede sacar el presidente Hugo Chávez a través de la Ley Habilitante que fue otorgada recientemente por el Parlamento por un período de 18 meses, sin la presencia de los diputados de la oposición…”
De acuerdo a lo anterior, es evidente que si bien es cierto que la Asamblea tiene facultad para otorgar leyes habilitantes, en el presente caso se observa que tanto de parte del Presidente como de personeros de la Asamblea, ha existido una oculta motivación en la solicitud y aprobación de la Ley Habilitante 2010, consistente en mermar las facultades legislativas de la nueva Asamblea en función de neutralizar la actividad de los diputados de la llamada oposición, lo cual constituye simultáneamente tanto una desviación como un abuso, de poder, lo que hace que la citada Ley Habilitante 2010 sea nula de nulidad absoluta según lo establece expresamente el artículo 139 de la Constitución Nacional